TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-2535/23
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre recobros de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios de salud-PBS
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
Sala Plena
AUTO No. 2535 de 2023
Referencia: Expediente CJU-4251
Conflicto de jurisdicciones entre la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Subsección C, Sección Tercera) y el Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.
Magistrada ponente:
Diana Fajardo Rivera
Bogotá, D. C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. El 19 de septiembre de 2007, obrando a través de apoderado judicial, la Compañía Suramericana de Servicios de Salud S.A. (Sura S.A.) interpuso demanda de reparación directa contra la Nación Ministerio de Protección Social en la que pretendió la indemnización de perjuicios y el pago de la suma de dinero adeudada, equivalente a TRES MIL CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS ($3.108.648.015,00), por concepto de recobro de los medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (hoy, Plan de Beneficios en Salud) que debieron ser asumidos en cumplimiento de 810 fallos de tutela proferidos con anterioridad a la vigencia de la Resolución No. 2949 de 2003 y que la autorizaron para repetir contra el Ministerio, a través del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).[1]
2. El 20 de septiembre de 2007, la demanda fue repartida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, mediante Autos del 8 de noviembre de 2007[2] y del 25 de julio de 2012[3] admitió la demanda.[4] Surtido el trámite procesal correspondiente, a través de sentencia del 30 de mayo de 2013, el Tribunal negó las pretensiones de la demanda, por considerar que en el sub-lite no se demostró mediante prueba idónea que la demandante presento las cuentas de recobro aquí reclamadas por el 100% ante la demandada, y que a su vez la entidad haya efectuado un page parcial de las mismas; ni tampoco acredito que hubiese pagado estos servicios a las IPS, para que posteriormente tuviera derecho a pedir el reembolso;[5] decisión contra la cual, el 25 de junio de 2013, Sura S.A. presentó recurso de apelación[6] cuyo conocimiento correspondió a la Subsección C, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.[7]
3. Tras surtir las etapas procesales correspondientes en segunda instancia, el Consejo de Estado, a través de Auto del 6 de septiembre de 2021, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de reparación directa por falta de jurisdicción y remitirlo a la oficina de apoyo judicial de los juzgados laborales del circuito de Bogotá D.C.[8] Ello, con fundamento en los artículos 82 del Código Contencioso Administrativo y 2.4. del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social (CPTSS), así como en la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a la cual, las controversias relacionadas con el recobro de una Entidad Promotora de Salud al Fosyga, por prestaciones que se encuentran por fuera del Plan Obligatorio de Salud-POS, no se enmarca en los asuntos que taxativamente conoce la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, por ello, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocerlos.[9]
4. El 26 de mayo de 2022, el asunto fue repartido al Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el cual, mediante Auto del 26 de septiembre de 2022, declaró la falta de competencia y suscitó el conflicto negativo frente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de la providencia del Consejo de Estado, ordenando remitir el expediente a la Corte Constitucional, para lo de su competencia. En particular, sostuvo que la competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el POS, hoy PBS, y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.[10] Ello, con fundamento en el Auto 389 de 2021 de la Corte Constitucional.
5. El 8 de septiembre de 2023, la Secretaría General envió el CJU-4251 al Despacho de la Magistrada Diana Fajardo Rivera, de conformidad con el reparto realizado en la sesión virtual del 4 de septiembre de 2023.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
6. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
2. En el presente caso se configuró un conflicto de jurisdicción que la Corte Constitucional debe resolver
7. La Corte Constitucional ha indicado que los conflictos entre jurisdicciones se presentan, especialmente, cuando ( ) dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).[11] En tal sentido, para que se entienda configurado un conflicto de jurisdicciones la Sala Plena de la Corte ha precisado que son necesarios los siguientes tres presupuestos,[12] cuya acreditación en el presente caso se expone a continuación.
8. El presupuesto subjetivo, exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.[13] Al respecto, se tiene que, en este caso, el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, correspondientes a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Consejo de Estado) y de la Jurisdicción Ordinaria Laboral (Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá D.C.).
9. Por otra parte, sobre el presupuesto objetivo, se ha indicado que este implica que exista una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[14]. El conflicto suscitado entre las dos autoridades judiciales identificadas implica la existencia de una causa judicial concreta, referida a la demanda de reparación directa interpuesta por la EPS Sura contra la Nación Ministerio de Protección Social.
10. Finalmente, el presupuesto normativo exige que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa. En relación con este criterio, la Sala evidencia que las dos autoridades jurisdiccionales enunciaron, razonablemente, fundamentos de índole legal en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia.
11. Específicamente, el Consejo de Estado consideró que las controversias relacionadas con el recobro por prestaciones que se encuentran por fuera del POS, hoy PBS, corresponde conocerlos a la Jurisdicción Ordinaria Laboral, con fundamento en los artículos 82 del Código Contencioso Administrativo y 2.4. del CPTSS, así como en la jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura.[15] Por su parte, con apoyo en el Auto 389 de 2021, el Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. consideró que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de las controversias originadas en el pago de recobros judiciales al Estado, por prestaciones no incluidas en el POS.
3. Asunto objeto de decisión y metodología
12. Con base en lo anterior, la Corte dirimirá el conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. Para tales efectos, la Sala (3.1) hará referencia al Auto 389 de 2021, en donde se dirimió un conflicto con hechos similares; así como al Auto 1942 de 2023 en donde se fijaron reglas de transición respecto de la aplicación de la regla de decisión adoptada en el citado Auto 389 de 2021. Con base en ello, (3.2) resolverá el caso concreto.
3.1. Competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en materia de recobros judiciales al Estado por servicios médicos excluidos del Plan de Beneficios de Salud (PBS). Reiteración del Auto 389 de 2021
13. Esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre conflictos similares al presente, entre otros, en los Autos 389 de 2021,[16] 369 de 2022[17] y 647 de 2022.[18]
14. Principalmente, en el Auto 389 de 2021, esta Corporación estudió un conflicto entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisdicción Ordinaria Laboral. Esto, con ocasión a una demanda ordinaria laboral interpuesta por la EPS Sanitas contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, dirigida a obtener el reconocimiento y pago de unas sumas de dinero adeudadas por concepto de servicios y procedimientos prestados a diferentes pacientes y que no se encontraban incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). La Corte concluyó que la competencia correspondía a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estableció la siguiente regla de decisión:[19]
El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces contencioso administrativos, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES.
Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.
15. A esta conclusión se llegó, con base en los siguientes tres argumentos: (i) el procedimiento del recobro no corresponde a una controversia relativa a la prestación de servicios de seguridad social, en tanto únicamente busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última pretende recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias a las que no se está obligada a sufragar porque no hacen parte de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud. Sumado al hecho que, (ii) las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS vinculan, en principio, a las EPS y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En este tipo de controversias, en consecuencia, no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores, es decir, los sujetos que integran la hipótesis normativa del artículo 2.4 de la Ley 712 de 2001 y (iii) los recursos para cubrir los recobros se obtienen del Presupuesto General de la Nación, ya que según el artículo 42[20] de la Ley 715 de 2001, le corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio Nacional.
16. En consecuencia, se determinó que, para efectos de determinar la competencia frente a este tipo de controversias, es necesario acudir a la cláusula que trae el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, dado que, los procedimientos de recobro son la expresión de actuaciones administrativas regladas en cabeza de una entidad pública, de manera que su control debe estar a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; aunado a ello, el procedimiento del recobro no es un simple cobro de facturas, sino que constituye un verdadero trámite administrativo que busca garantizar el propósito de la ADRES consistente en administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad, en el que, además, es posible considerar que expide actos administrativos que logran consolidar o negar la existencia de la obligación.
17. Cabe precisar que la regla de decisión del Auto 389 de 2021 ha sido aplicada incluso a los procesos iniciados en contra del Ministerio de Salud y Protección Social[21] y/o otros consorcios y fiduciarias encargadas previamente del trámite de recobros. Esto es posible porque (i) conforme al artículo 66 de la Ley 1753 de 2015, la ADRES está adscrita a ese Ministerio y los artículos 26 y 27 del Decreto 1429 de 2016, le transfirieron el deber de ejercer la defensa en los procesos judiciales, así como ejercer los derechos y asumir las obligaciones que con anterioridad había adquirido la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la administración de los recursos del Fosyga y (ii) el proceso administrativo que se adelantaba para el reconocimiento de los recobros antes de la entrada de funcionamiento de la ADRES[22] se puede equiparar en gran medida al que se adelanta actualmente.[23] Asimismo, esta Corporación ha observado frente al procedimiento de recobros estipulado antes de que la ADRES asumiría dicha función, que la solicitud de recobro ante el Fosyga debía presentarse a través de la dependencia de correo y radicación del Ministerio de la Protección Social. De tal forma, se evidencia que el procedimiento especial de recobro se ha regulado de forma similar desde el año 2006. Dado que aún no existía la ADRES, las demandas se dirigían generalmente frente al Ministerio de Salud y/o los diferentes consorcios y/o entidades encargadas de la administración fiduciaria del Fosyga, lo que no obsta para que se pueda reiterar en estos casos metodología y la regla del Auto 389 de 2021.
18. Finalmente, es importante tener en cuenta que, mediante el Auto 1942 de 2023,[24] la Sala Plena de esta Corporación decidió adoptar unas reglas de transición para los procesos cobijados por la regla fijada en el citado Auto 389 de 2021. Esto, teniendo en cuenta las dificultades que ha generado el cambio de jurisprudencia suscitado en relación con la jurisdicción competente para conocer los recobros judiciales al Estado por prestación de servicios de salud no incluidos en el plan obligatorio de salud. Las reglas de transición fijadas en esta providencia cobijan cinco (5)[25] supuestos de hecho determinados por esta Corporación y se establecieron con el fin de evitar la imposición de una carga excesivamente gravosa a la parte demandante en este tipo de procesos, especialmente en lo que respecta a sus derechos al debido proceso, de acción y de acceso a la jurisdicción, así como a las garantías de confianza legítima, seguridad jurídica y la prevalencia del derecho sustancial como fin principal de la administración de justicia; mandatos superiores que esta Corporación debe garantizar, incluso al resolver conflictos entre jurisdicciones. En el cuadro que se expone a continuación se sintetizan las citadas reglas de transición:[26]
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Síntesis de las reglas de transición desarrolladas en el auto 1942 de 2023
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Respecto del agotamiento previo de recursos. |
El artículo 161.2 del CPACA que refiere el agotamiento previo de los recursos obligatorios no aplica frente a las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas contra la ADRES, con la finalidad de obtener el recobro judicial por prestaciones de servicios de salud no incluidos en el PBS. Por consiguiente, las autoridades judiciales no deben exigir que se adelante el trámite de objeción ante la ADRES (ni ningún otro recurso adicional), para que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sea admitido.
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Respecto de la conciliación extrajudicial |
No se exigirá el agotamiento del requisito de la conciliación extrajudicial previsto en el artículo 161.1 del CPACA. Y en las demandas que exista una conciliación previa deberá ser tenida en cuenta por las autoridades judiciales. En todo caso, los jueces administrativos deberán invitar a las partes a conciliar sus diferencias proponiendo eventuales fórmulas de arreglo en la audiencia inicial del artículo 180 del CPACA.
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Respecto de los términos de caducidad del medio de control. |
En cada caso, el Juez de lo Contencioso Administrativo podrá contabilizar el término de la prescripción que debió tener en cuenta el juez laboral y de la seguridad social, al momento de estudiar la caducidad y admisión de la demanda. |
19. En consecuencia, la Sala Plena de esta Corporación aclara que, a la demanda presentada por la Nueva EPS S.A. contra ADRES- objeto de la presente providencia- se aplicarán las reglas de transición expuestas en el Auto 1942 de 2023. Con todo, se precisa que, la determinación de las reglas de transición que aplican en el caso concreto es un asunto que corresponde analizar a la respectiva autoridad judicial, por lo que, se remite la integridad del Auto 1942 de 2023.
3.2. Caso concreto
20. La Sala Plena considera que el Consejo de Estado es la autoridad judicial competente para conocer de la demanda de reparación directa interpuesta por Sura S.A. contra la Nación -Ministerio de Protección Social con el objetivo de obtener la indemnización de perjuicios y el reembolso de $3.108.648.015,00, derivados de la prestación de los servicios de salud excluidos del Plan de Beneficios de Salud (PBS).
21. Esto, en atención a que de acuerdo con la regla de decisión fijada en el Auto 389 de 2021, aquellas controversias en las que (i) una EPS demande a la ADRES; (ii) con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de recobros correspondientes a servicios o tecnologías en salud no incluidos en el extinto POS (hoy PBS), (iii) serán competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de conformidad con el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.
22. En efecto, en el presente caso se está frente a un recobro reclamado por Sura S.A. contra el Ministerio de Protección Social que, corresponde a un procedimiento administrativo no relacionado con la prestación de los servicios de la seguridad social al no implicar conflictos entre afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores. Por el contrario, se trata de un conflicto entre entidades administradoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en salud, porque lo que resulta procedente aplicar la regla general de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fijada en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011.
23. En consecuencia, se ordenará remitirle el expediente CJU-4251 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Subsección C, Sección Tercera), quien fue la autoridad de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que propuso el conflicto, para lo de su competencia.
4. Regla de decisión
24. El conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud no incluidos en el POS, hoy PBS, corresponde a los jueces de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES. Este tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en la medida en que no se relacionan, en estricto sentido, con la prestación de los servicios de la seguridad social. En cambio, se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados, que no implican a afiliados, beneficiarios o usuarios ni a empleadores.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Subsección C, Sección Tercera) y el Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y DECLARAR que la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer sobre el recobro solicitado por Sura S.A. al Ministerio de Protección Social por valor de $3.108.648.015,00.
Segundo. Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-4251 a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Subsección C, Sección Tercera) para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados, así como al Juzgado 41 Laboral del Circuito de Bogotá D.C. y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Presidenta
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Documento digital 01Demanda.
[2] Documento digital 05AutoAdmite.
[3] Documento digital 35AutoAvocaConocimiento.
[4] El primero, lo profirió la Subsección A de la Sección Tercera de dicho Tribunal y el segundo, lo profirió la Subsección B, en virtud de los acuerdos No. PSAA-12-9461 y PSAA12-9524 del Consejo Superior de la Judicatura que dispusieron la reasignación de los procesos a cargo de la primera a la segunda.
[5] Documento digital 01SentenciaTribunal.
[6] Documento digital 03ApelaciónSentencia
[8] Documento digital 28AutoDeclaraNulidad.
[9] Cfr. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdicional Disciplinaria, auto del 22 de junio de 2016, Rad. n°.
11001-01-02-000-2015-04003-00, fundamento jurídico 3.
[10] Documento digital 05AutoDeclaraFaltaCompetenciaSuscitaConflictoNegativoCompetencia.
[11] Auto 553 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
[12] Auto 155 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[13] En consecuencia, no habrá conflicto cuando: (a) sólo sea parte una autoridad o (b) una de las partes en colisión no ejerza funciones jurisdiccionales.
[14] En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional (Artículo 116 de la Constitución).
[15] Cfr. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdicional Disciplinaria, auto del 22 de junio de 2016, Rad. n°.
11001-01-02-000-2015-04003-00, fundamento jurídico 3.
[16] Auto 389 de 2021. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[17] Auto 369 de 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
[18] Auto 647 de 2022. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[19] Esta misma regla fue reiterada, entre otros, en los Autos 369 de 2022 y 647 de 2022 suscitados con ocasión a demandas ejecutivas interpuestas por las EPS Sanitas y Famisanar contra ADRES, con el objetivo de obtener el pago de diferentes prestaciones brindadas a usuarios del Sistema General de Seguridad Social que, se encontraban excluidas del Plan de Beneficios de Salud (PBS). En ambas providencias se asignó la competencia a autoridades judiciales pertenecientes a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
[20] Competencias en salud por parte de la Nación.
[21] Autos 682 de 2021 y 135 de 2022, entre otros.
[22] 1 de agosto de 2017.
[23] El Auto 1942 de 2023 precisó que el procedimiento especial que se adelanta ante la ADRES consagra un mecanismo de réplica frente a la decisión sobre el recobro, el cual debe ser resuelto por la misma entidad. En concreto, el artículo 56 de la Resolución 1885 de 2018 determina que en el procedimiento administrativo de pago de recobros es posible ejercer un trámite de objeción frente a la comunicación inicial de la ADRES. Se evidencia que el procedimiento especial de recobro se ha regulado de forma similar desde el año 2006; teniendo en cuenta que aún no existía la ADRES, las demandas se dirigían generalmente frente al Ministerio de Salud.
[24] Auto 1942 de 2023. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[25] El universo determinado de casos identificado corresponde a las demandas que:
1. Se encontraban en trámite ante la jurisdicción ordinaria laboral al momento de la expedición del Auto 389 de 2021; sin embargo, tras el cambio de precedente se remitieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en esta sede judicial se adoptó una decisión de rechazo o inadmisión, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 40 y 41 de la presente providencia.
2. Se encontraban en trámite ante la jurisdicción ordinaria laboral al momento de la expedición del Auto 389 de 2021 y/o se encuentran en trámite al expedir la presente providencia y, como consecuencia del cambio introducido por el Auto 389 de 2021, el juez ordene su remisión hasta seis (6) meses después de la publicación de este auto[25] a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en esa sede judicial se deba adoptar una decisión de rechazo o inadmisión, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 40 y 41 de la presente providencia.
3. Se formularon ante la jurisdicción contencioso administrativa con posterioridad a la expedición del Auto 389 de 2021 y fueron inadmitidas o rechazadas por incumplir con los requisitos de procedibilidad según el medio de control elegido por el accionante.
4. Se formularon ante la jurisdicción contencioso administrativa con posterioridad a la expedición del Auto 389 de 2021 y se encuentran en trámite al momento de la expedición de la presente providencia y en esa sede judicial se deba adoptar una decisión de rechazo o inadmisión, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos 40 y 41 de la presente providencia.
Se inicien hasta seis (6) meses después de la publicación por parte del Consejo Superior de la Judicatura que se dispondrá en la parte resolutiva.
[26] Sin perjuicio de la presente síntesis, las reglas de transición están desarrolladas y fundamentadas en el auto 1942 de 2023 de la Corte Constitucional, al cual se remite en su integridad esta providencia.